El Consejo de la Unión Europea extendió por un año más, hasta octubre de 2024, las sanciones contra 21 funcionarios orteguistas y tres entidades públicas, por ser responsables de “graves violaciones de los derechos humanos” y represión contra la sociedad civil, y de socavar la democracia y el estado de derecho en Nicaragua. Este régimen de sanciones fue aprobado por primera vez en 2019 y se ha renovado anualmente ahora hasta octubre de 2024. Entre las 21 personas sancionadas se encuentra la vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo, y sus hijos, Laureano, Juan Carlos, y Camila Ortega Murillo.