Sobre este episodio
Juristas y economistas consultados por CONFIDENCIAL aseguran que la decisión del régimen de pasar el Sistema Nacional de Registros, Sinare, al control de la Procuraduría General de la República aumenta la inseguridad jurídica para cualquier propietario en Nicaragua, al dejar sueltas las manos de los funcionarios del régimen que deseen quedarse con cualquier propiedad que no les pertenezca, o asignársela a quien se les ordene asignarla. El abogado constitucionalista Juan Diego Barberena, explicó en entrevista para el programa Esta Noche que el traspaso del Sinare es un mero acto de control y de centralización del poder por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Otro abogado que solicitó anonimato, dijo a CONFIDENCIAL que la Procuraduría es “parte interesada” en miles de disputas por derechos de propiedad, y que con la nueva reforma, se convierte en juez y parte, por lo que podrá poner a nombre del Estado cualquier propiedad cuando quiera, simplemente generando “por sí y ante sí”, un nuevo asiento registral.
