La Asamblea Nacional, bajo el control de la dictadura, aprobó este martes una reforma al artículo 165 de la Constitución Política para quitar funciones al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, administrado por la Corte Suprema de Justicia. La reforma incluye cambios "para desvincular a los Registros Públicos de la administración de justicia, función propia del Poder Judicial". Después el régimen aprobó la Ley de Adscripción del Sistema Nacional de Registros, que mandata que todos los registros públicos pasen a la administración de la Procuraduría General de la República, la institución encargada de ejecutar las confiscaciones ilegales contra cientos de oenegés canceladas por el régimen.