Los ocho Gobiernos señalan que “Nicaragua atraviesa una situación extraordinaria de deterioro del Estado de Derecho, del orden constitucional y de ruptura de sus instituciones democráticas”. La declaración exhorta al Gobierno de Nicaragua a implementar medidas legislativas e institucionales consistentes con los estándares internacionales aplicables, “con miras a la realización de elecciones libres, justas, transparentes y creíbles”.