El régimen de Daniel Ortega envió a la Asamblea Nacional, controlada por el FSLN, una iniciativa de Ley, que obliga a las compañías telefónicas a suministrar información de sus usuarios. El presidente del parlamento, Gustavo Porras, presentó la nueva ley ante el pleno, denominada Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, que sustituirá a la Ley General de Telecomunicaciones y Correos Postales. El artículo 109 de esa iniciativa establece que "Los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones y proveedores de servicios de comunicaciones audiovisuales están obligados a suministrar toda la información que le sea requerida, incluyendo información estadística y georreferenciada, en forma periódica o como resultado de requerimientos específicos de Telcor, en el ejercicio de sus facultades regulatorias".