El régimen de Daniel Ortega oficializó la reforma al artículo 165 de la Constitución Política de Nicaragua, con lo que le restan atribuciones al Poder Judicial y le quitan el porcentaje mínimo del presupuesto de la república. La reforma deroga el numeral 4 con el que elimina sus atribuciones sobre los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil, así como el de las oficinas de servicios comunes. El régimen traspasó el control de los Registros a la Procuraduría General de la República, la institución encargada de ejecutar las confiscaciones ilegales contra cientos de oenegés canceladas por la dictadura.