La persecución del régimen de Daniel Ortega contra la feligresía católica alcanzó a otros tres ciudadanos originarios de Boaco y Chontales, en el centro del país, a quienes la Policía citó y les impuso “ciudad por cárcel”. Este nuevo acto arbitrario e intimidatorio contra la Iglesia católica y sus grupos pastorales, se suman a otros nueve casos de personas originarias de Jalapa y Jinotega, que según confirmaron diversas fuentes a CONFIDENCIAL, también están bajo una supuesta investigación y deben solicitar permiso a la Policía para salir de sus municipios. La Policía amenazó a algunos de los investigados de confiscar sus propiedades, y les dijeron tener fotos y videos de su participación de la protesta cívica de 2018, a la que el régimen llama como “intento de golpe de Estado”. La Policía también les advirtió de tenerlos vigilados, y que tengan mucho cuidado con lo que hacen, sin acusarlos formalmente de ningún delito.