La justicia orteguista dejó en completa indefensión a más de 50 personas detenidas en redadas policiales nocturnas y procesadas en audiencias exprés realizadas este mes, a través de la imposición de defensores públicos, que funcionan como un eslabón más en la cadena represiva contra los perseguidos políticos. El abogado y defensor de derechos humanos Juan Diego Barberena dijo que existe un patrón de violación al derecho a la defensa, aunque con una modalidad distinta a la de otros presos políticos, porque estos perseguidos políticoss deben firmar diariamente en un distrito policial.