Al menos 120 personas fueron despedidas u obligadas a renunciar a sus cargos en el Poder Judicial este año, como parte de una cacería del Frente Sandinista a lo interno de una de las instituciones del Estado que está bajo control de la dictadura, relataron fuentes a CONFIDENCIAL. Esta cacería comenzó en 2022, con la captura de los trabajadores de la Corte Suprema de Justicia Roberto Laríos, Moisés Astorga y los hermanos Hans y María José Camacho, todos cercanos a la presidenta de la institución, la magistrada Alba Luz Ramos. Estos cuatro funcionarios fueron expulsados a Estados Unidos en una lista de 222 presos políticos, quienes también fueron despojados de la nacionalidad nicaragüense.