Las más altas autoridades del gobierno, representantes de instituciones públicas, y medios oficialistas, hicieron uso de “una retórica incendiaria que estigmatizó e incitó al odio” contra las personas opositoras o percibidas como tales, conduciendo a una brutal represión en el país, concluye el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua en su informe final.